Colombia tiene una democracia parlamentaria con elecciones presidenciales y al Congreso cada cuatro años. Hay 102 escaños en el Senado y 166 en la Asamblea Legislativa. Hasta 1991, Colombia se regía oficialmente por la Constitución de 1889. La creciente agitación militar y social de la década de 1980 y el asesinato de cuatro candidatos presidenciales a finales de esa misma década, hicieron que amplios sectores de la sociedad y de la élite se pusieran de acuerdo en que era necesaria una nueva constitución.
Esta nueva constitución se elaboró en el marco de la desmovilización de las guerrillas M-19, EPL y Quintín Lame, mediante la convocatoria de una asamblea constituyente. La tan alabada Constitución de 1991 pretendía democratizar la sociedad como parte de un esfuerzo por relegitimar el Estado. Las principales características de la constitución fueron el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia, la descentralización del estado, el esfuerzo por limitar los poderes del presidente, la creación de la corte constitucional, la inclusión del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en la constitución, y la clara definición de los derechos y obligaciones tanto del estado como de los ciudadanos.
El resultado más conocido fue la introducción de la «acción de tutela», por la que cualquier ciudadano puede interceder ante los tribunales para garantizar el cumplimiento de sus derechos constitucionales. La Constitución también convirtió la paz en un derecho constitucional. Aunque la Constitución colombiana es ampliamente reconocida como líder mundial en cuanto a los derechos de los ciudadanos, muchos de sus elementos son en la práctica ampliamente ignorados. Aparte de un periodo de dictaduras militares entre 1953 y 1958, dos partidos políticos mayoritariamente elitistas -los liberales y los conservadores- dominaron durante 150 años, hasta que la elección de Álvaro Uribe en 2002 rompió el duopolio.
Los intentos de resistirse a la exclusión de grupos políticos alternativos se han enfrentado históricamente a la intimidación y la violencia. Uno de los casos más notables fue el asesinato en 1948 de la figura política popular Jorge Eleicer Gaitán, que intentó abrir la participación a las masas. El dominio conservador-liberal se formalizó durante el periodo del «Frente Nacional» de 1958-74, cuando los dos partidos acordaron rotar los periodos de gobierno y mantener la paridad en el Congreso y prohibir que otras fuerzas políticas se presentaran a las elecciones. La alienación política creada en el sistema durante esta época contribuyó al surgimiento de los grupos guerrilleros de Colombia. Los intentos de desafiar al establishment desde la izquierda han desencadenado algunas de las respuestas más brutales de quienes ostentan el poder.
El partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), al que se adhirieron un amplio abanico de organizaciones, entre ellas miembros desmovilizados de las FARC, se creó en la década de 1980 como parte de un proceso de paz. Pero el partido fue aniquilado por el Ejército y los paramilitares. Entre 3.000 y 5.000 miembros -entre ellos dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, sindicalistas y activistas progresistas- fueron asesinados.
Las FARC se retiraron de la UP y algunos miembros se unieron a la guerrilla. Hasta hoy, el papel corruptor de los paramilitares es un factor crucial en la política colombiana. A menudo se aseguran de que sus candidatos favoritos sean elegidos amenazando a la oposición hasta que se retiren, mientras que algunos son asesinados. Los paramilitares compran o financian regularmente a los candidatos. La penetración paramilitar en el sistema político -conocida como el escándalo de la «para-política»- está tan extendida que más de 11.000 funcionarios han sido implicados. En la mayoría de las elecciones se compra un gran número de votos.
Otro impedimento clave para la democracia es la parcialidad de los medios de comunicación que, aunque aparentemente son libres, están gravemente restringidos por la violencia, la intimidación y la autocensura. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Los que sacan a la luz la corrupción, los escándalos de los paramilitares o las violaciones de los derechos humanos son los que más riesgo corren. La participación de los votantes suele ser baja.
En las elecciones presidenciales de 2014, la participación fue del 45%. En las pasadas elecciones, la violencia generalizada también ha sido un problema importante: las elecciones de 2015 fueron las menos violentas, aunque ocho candidatos fueron asesinados y 28 sufrieron ataques violentos.