Los senadores colombianos han creado una comisión especial para evaluar el impacto medioambiental, social y sanitario de las explotaciones mineras de carbón a gran escala en el norte de Colombia. Durante años, los políticos de la oposición, los grupos de derechos humanos y las comunidades de la región han expresado su alarma por los daños causados por lugares como la mina del Cerrejón, la mayor mina a cielo abierto de Sudamérica, en la región de La Guajira.
El 17 de marzo, el senador Iván Cepeda anunció la creación de la Comisión. Varios otros senadores de partidos progresistas han respaldado la nueva Comisión, entre ellos Aida Avella (Unión Patriótica), Sandra Ramírez (Comunes, antigua FARC) y Feliciano Valencia (partido MAIS). Los estudios sobre el impacto de la minería se llevarán a cabo junto con organizaciones sociales y académicos. La Comisión también examinará el enfoque del gobierno sobre el cambio climático y la forma en que ha tomado decisiones ejecutivas en materia medioambiental.
La mina del Cerrejón -que es propiedad de las multinacionales BHP, Glencore y Anglo American- ha tenido un impacto devastador en las comunidades indígenas wayuú de La Guajira. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 4.770 niños wayuú murieron por causas evitables como enfermedades, desnutrición y sed entre 2008 y 2016. En una de las regiones menos desarrolladas de Colombia, muchas comunidades carecen de acceso a la sanidad, al transporte o a las carreteras, mientras que los ríos han sido desviados para abastecer las operaciones mineras. La contaminación del aire causada por las emisiones de polvo y la falta de agua potable han tenido importantes repercusiones en la salud de la población. La expansión de la minería también ha desplazado a las comunidades empobrecidas a condiciones cada vez más precarias.
En 2020, las organizaciones wayuú solicitaron a las Naciones Unidas la suspensión de la explotación minera en el Cerrejón, argumentando que la pandemia mundial había agravado la ya grave situación humanitaria. Aunque la Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado que el Cerrejón ha contaminado los recursos hídricos naturales, como el río Ranchería, los representantes de la mina han argumentado que éstos ya eran de calidad insuficiente para el consumo humano. También se ha acusado al gobierno de obstruir las investigaciones sobre el impacto de la minería del carbón.
A raíz de la petición a la ONU, el pasado mes de octubre el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, respaldó la decisión anterior de la Corte Constitucional de suspender las operaciones del Cerrejón. Hago un llamamiento a Colombia para que aplique las directrices de su propia Corte Constitucional y haga más por proteger a los muy vulnerables wayuú de la contaminación de la enorme mina de El Cerrejón y de COVID-19″, afirmó.
Los pueblos indígenas son los más afectados por la destrucción del medio ambiente en Colombia, ya que muchas comunidades viven en zonas ricas en recursos naturales que son objeto de operaciones extractivas, tanto legales como ilegales. Estas comunidades también se han visto afectadas de forma desproporcionada por las violaciones de los derechos humanos, y los líderes y activistas indígenas han sido objeto de ataques violentos por parte de paramilitares y grupos armados.