En 1985, izquierdistas y ex guerrilleros colombianos formaron el partido político Unión Patriótica (UP) en virtud del reciente acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. La UP ha logrado una serie de avances electorales y ha participado en la política nacional. En respuesta, las fuerzas de seguridad colombianas, en colaboración con los paramilitares, lanzaron una brutal campaña de exterminio contra la UP. Según recientes revelaciones, el sucesor de Betancur, Virgilio Barco Vargas, aprobó personalmente la violencia.
Miles de miembros y simpatizantes de la UP fueron asesinados en las décadas de 1980 y 1990, y muchos más fueron objeto de desplazamientos, exilios y agresiones físicas en lo que a menudo se denomina un «genocidio político» en Colombia. Entre los muertos había candidatos presidenciales, así como un senador, alcaldes, concejales y activistas de base.
Ahora, el papel del Estado en la campaña contra la UP es objeto de un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de febrero, la Corte abrió un proceso sobre la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de los derechos humanos contra la UP, tras la conclusión de su órgano asociado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que agentes del Estado colombiano persiguieron y cometieron actos de violencia contra miembros del partido.
Los abogados que actúan en nombre del Estado colombiano afirman que éste reconoce una responsabilidad parcial en las violaciones de derechos humanos cometidas contra 219 personas afiliadas a la UP, argumentando que sólo estas personas cumplen los criterios legales de «víctimas». En comparación, la CIDH ha presentado 3.134 homicidios, 514 casos de desaparición forzada, 501 casos de amenazas, 1.600 casos de desplazamiento forzado y 291 intentos de homicidio. Dice que el Estado conoció y auspició el exterminio de la UP y no actuó contra los responsables.
La persecución de la Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es el propio Estado el que durante décadas ha tenido el deber de esclarecer lo ocurrido con más de 6.000 víctimas, cosa que no ha hecho. Las violaciones están conectadas y ocurrieron con la participación del Estado en diferentes formas, niveles y momentos’, dijo la comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola.
Los representantes de las víctimas piden reparaciones, investigaciones completas sobre los autores y garantías de no repetición. Está previsto que el tribunal anuncie su veredicto el 15 de marzo.
Debido en gran parte a la violencia que sufrió y al exterminio de sus bases, UP perdió su condición de partido político en 2002. Lo recuperó en 2013 y desde entonces ha vuelto a participar en el congreso nacional. Además de la investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el exterminio de la UP es también uno de los macrocasos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional del acuerdo de paz de 2016 que se creó para perseguir las principales violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.