Los excombatientes de las FARC que participan en el proceso de paz de Colombia están siendo objeto de ataques por vía judicial con el fin de socavar su reintegración en la sociedad civil y el proceso de paz en general, según activistas y organizaciones que los representan. Las advertencias se producen días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenara medidas urgentes para hacer frente a la violencia endémica que afecta a los excombatientes, con 284 exmiembros acreditados de las FARC asesinados desde que entraron en el proceso de paz hace casi cinco años.
En un comunicado público, la Fundación Lazos de Dignidad (FLD), un colectivo de abogados de derechos humanos que representa a excombatientes, dijo que Martín Batalla, excombatiente del proceso de paz, se ha enfrentado desde junio a múltiples casos de persecución, acoso y amenazas que han puesto en peligro su seguridad física y jurídica. Durante varios años, Justicia para Colombia ha trabajado con el FLD, cuyos abogados han sido objeto de ataques por representar a ex combatientes de las FARC.
Uno de los excombatientes atacados, Martín Batalla, ha liderado proyectos productivos en el norte de Antioquia, donde ha desarrollado alianzas entre el sector privado y el público para llevar a cabo talleres y otras iniciativas destinadas a promover las oportunidades económicas de los participantes en el proceso de paz. Tras recibir amenazas por este trabajo, Martín Batalla ha solicitado durante los últimos cuatro años medidas de protección a las autoridades, pero éstas le han sido denegadas en repetidas ocasiones, según FLD.
Desde julio, una creciente campaña de intimidación y acoso ha tratado de atrapar legalmente a Martín Batalla y a los miembros de su familia. El FLD dijo que se habían entregado pruebas de llamadas y mensajes nefastos a la Fiscalía General de la Nación y a la Misión de las Naciones Unidas en Colombia.
En otro caso, el domingo 29 de agosto, la policía detuvo a Harold Ordoñez Botero mientras pasaba un rato con su familia en Cali. Lo acusaron de ser «Óscar», un líder buscado de un supuesto grupo disidente al que se considera responsable de atentados y otras actividades ilícitas en la región. Entre los cargos que se le imputan a Harold están los de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Desde la firma del acuerdo de paz, Harold ha coordinado proyectos rurales sostenibles para que los excombatientes desarrollen medios de vida a partir del conflicto. También está estudiando un máster en Desarrollo y Paz en la Universidad Javeriana de Cali y trabaja en una función de construcción de paz y reconciliación para el gobierno regional del Valle del Cauca.
El sindicato agrario FENSUAGRO dijo que la detención de Harold «se basa en acusaciones dañinas que pretenden sabotear su reincorporación y el Acuerdo de Paz». Las organizaciones sociales advirtieron que los excombatientes están siendo cada vez más señalados mediante el uso de las vías legales para perseguir a sus rivales políticos y calificaron la detención de Harold como ‘un montaje judicial’. También pidieron su liberación inmediata.
A pesar de que la Misión de la ONU ha verificado en repetidas ocasiones que la gran mayoría de los excombatientes siguen plenamente comprometidos con el cumplimiento de los términos del acuerdo de paz, se enfrentan a un aumento de los ataques físicos y legales. Las organizaciones sociales han advertido en repetidas ocasiones que el objetivo principal es socavar el proceso de paz e impedir la transición de los excombatientes a la sociedad civil.