Jóvenes activistas medioambientales han recibido amenazas por su oposición al fracking en Puerto Wilches, departamento de Santander. El 17 de febrero, los congresistas de la oposición firmaron una carta para denunciar los ataques a los miembros de la organización juvenil AGUAWIL, que forma parte de la alianza nacional Colombia Libre de Fracking. La alianza afirma que el presidente Iván Duque ha incumplido los acuerdos de campaña para realizar revisiones del fracking.
En la carta, los congresistas, que representan a partidos como Alianza Verde y Comunes (antes FARC), también acusan a la policía de Puerto Wilches de una campaña de acoso contra los miembros de AGUAWIL, así como de retirar por la fuerza carteles y materiales contrarios al fracking. Los activistas de los grupos afiliados a Colombia Libre de Fracking también se han enfrentado a amenazas en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, y en la localidad de San Martín, César. Los grupos ecologistas afirman que el fracking afecta negativamente a los recursos hídricos y a la producción de alimentos de los que depende la población regional, así como a la salud de las personas.
Aunque el gobierno había aceptado celebrar reuniones públicas para debatir las propuestas, junto con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que llevará a cabo las operaciones de fracking, los líderes comunitarios afirman que éstas no han incluido una verdadera representación de la comunidad, en parte debido a los altos niveles de conflicto y pobreza estructural que siguen afectando a la población, lo que ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos, sociales y medioambientales.
Los congresistas han pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de los activistas de AGUAWIL, que investiguen las amenazas y responsabilicen a los autores y que garanticen que Ecopetrol respeta los derechos humanos en sus operaciones. Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, con al menos 64 asesinados allí en 2019.