El ex presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, aprobó personalmente una campaña de exterminio durante su mandato contra los miembros y simpatizantes del partido político de izquierdas Unión Patriótica (UP), según ha revelado una sorprendente investigación del periodista Alberto Donadio.
La UP se fundó en 1985 en el marco del recién firmado acuerdo de paz entre el predecesor de Barco, Belisario Betancur, y la guerrilla de las FARC. Tras una serie de modestos avances de la UP en las elecciones regionales y municipales, las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares lanzaron una violenta campaña -a menudo denominada en Colombia «genocidio político»- para erradicar el partido, matando a miles de miembros de la UP, incluidos los candidatos presidenciales.
Barco fue elegido en 1986, tras lo cual, según Donadio, actuó siguiendo las recomendaciones de sus asesores para atacar a la UP. Más de 400 personas fueron asesinadas en los primeros 14 meses del gobierno de Barco, y la violencia continuó durante varios años. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 3.122 miembros de la UP fueron asesinados, mientras que cerca de otros 3.000 sufrieron desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas y otras violaciones de los derechos humanos. Los registros del CNMH muestran que durante un período de 18 años, no pasó un solo mes sin que se produjera el asesinato de un miembro de la UP.
Donadio añade que, cuando el Comisionado de Paz de Barco, Carlos Ossa Escobar, expresó su alarma por la violencia que afectaba a la UP, el general militar Rafael Samudio Molino respondió que ‘a este paso, nunca nos libraremos de ellos’. Tras sufrir años de intensa violencia, la UP se disolvió en 2002 tras retirar su estatus legal como partido político. Sin embargo, en 2013 recuperó su estatus político y pudo volver a competir en las elecciones.
El exterminio de la UP es uno de los macrocasos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado en el acuerdo de paz de 2016 para investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.