Los familiares de un estudiante asesinado por las fuerzas de seguridad en 2005 han impugnado la decisión del Fiscal General de archivar el proceso penal contra un antiguo oficial de alto rango del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la unidad policial antidisturbios responsable de la muerte.
Gabriel Bonilla supervisó la operación de represión de las protestas en la Universidad del Valle que se saldó con la muerte de Jhonny Silva Arangueren, estudiante de química de la universidad de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. Jhonny murió en el hospital tras recibir un disparo en la cabeza de un agente del ESMAD durante los ataques a los manifestantes.
Al no poder establecerse la identidad del agente que mató a Jhonny, Bonilla fue acusado en 2010 de ser responsable de homicidio. Sin embargo, una apelación revocó la decisión y archivó el caso, abandonando la investigación sobre Bonilla. La familia de la víctima pedirá ahora al Tribunal Supremo de Justicia que reabra el caso. Gabriel Bonilla es actualmente comandante de policía en el departamento de Córdoba.
Los abogados que representan a la familia argumentan que Bonilla no debería ser inmune a los juicios y que no debería haber sido ascendido tras las acusaciones formuladas contra él. También dicen que el caso fue archivado a pesar de que la investigación estaba incompleta.
‘El gobierno y los ministros de defensa justifican las acciones de los policías, los tratan como héroes y, obviamente, la recompensa es la impunidad por un lado y el ascenso por otro. Garantiza que los autores y violadores de los derechos humanos puedan mantener el silencio sobre la forma en que la policía actúa contra los jóvenes, los estudiantes y los manifestantes’, dijo el abogado Germán Romero.
El ESMAD tiene un largo historial de violencia contra la población civil, especialmente durante las protestas. En febrero de 2020, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó que se reformara debido a su incumplimiento de las normas internacionales de actuación policial. El informe destacaba casos de «tortura de manifestantes, incluyendo desnudez forzada, amenazas de muerte con trasfondo racista y repetidas palizas» cometidas por agentes del ESMAD.
Los abusos del Estado siguen siendo motivo de gran preocupación en Colombia, con agentes de la policía y del Estado acusados de múltiples asesinatos en los últimos dos años. Varios agentes de policía se enfrentan a un juicio por la brutal represión de las protestas en Bogotá el pasado mes de septiembre, en las que murieron 13 personas.